Nos cansamos de escuchar el discurso infantil de la crisis del cine español y tenemos que soportar a los acomodados de la industria cultural, los profesionales del pequeño reducto oficial, quejarse como si la producción audiovisual y cinematográfica estuviera en peligro cuando lo único en peligro es su güeto privilegiado vinculado a las productoras e industria cinematográfica del Viejo Orden. ¡Panda de ridículos con sus tertulias televisivas egocéntricas y autocomplacientes!
¡Pero si la producción cinematográfica nunca ha estado más viva y más diversa!
En mitad del estallido de formatos y mutaciones tecnológicas de toda índole, cuando hasta las propias corporaciones están promoviendo festivales de cine hecho con móvil, cuando hay una producción efervescente de películas digitales de todo tipo y tamaño, cuando vivimos en medio de "videos-clicks" de duración y estética cualquiera, repasamos la propia ley del cine del 2007, el texto mental con que el Estado piensa sobre el asunto cine y nos resulta un pesado dinosaurio que no hace más que buscar definir cómo alentar, proteger y subvencionar a la misma industria de siempre con las mismas prácticas de siempre.
No tenemos espacio aquí para explayarnos pero la ley intenta regular y fomentar al “sector” (creadores, productores, personal técnico y artístico, industrias técnicas, distribuidores, exhibidores y empresas videográficas).
Al mismo tiempo que define, creemos que limita y excluye. Si hay un sector definido, hay un afuera del sector que no entra en el amparo de la ley, es decir, que no es considerado por el estado como potencial o efectivo sujeto productor de obras y cultura audiovisual digno de ser apoyado.
Citemos solo un ejemplo. En su Capítulo 1, Disposiciones Generales, artículo 4, en su apartado de Definiciones nos encontramos con una serie de codificaciones de lo que la Ley entiende como formatos: Película Cinematográfica, Otras obras audiovisuales, Largometraje, Cortometraje, Película para televisión, Película española, Serie de Televisión, etc...
Nos hace pensar en una especie de conceptos arcaicos referidos, obviamente a las formas de producción de la industria. Un texto que ya establece, entonces, un dentro y fuera de la Ley. Que si tiene una duración de sesenta minutos o superior, que si formato 70 mm, que si 8 perforaciones por imagen, que si personal creativo, que si operador de televisión, que si sala de exhibición como local o recinto abierto al público mediante precio.... uf...
Los/as afuera de la ley, la gente común, podrían merecer alguna vez un espacio de fomento y aliento para sus producciones.
Vamos a detenernos un momento de una manera propositiva. La definición que se ofrece como Película cinematográfica dice: Toda obra audiovisual, fijada en cualquier medio o soporte, en cuya elaboración quede definida la labor de creación, producción, montaje y posproducción y que esté destinada, en primer término, a su explotación comercial en salas de cine. Quedan excluidas de esta definición las meras reproducciones de acontecimientos o representaciones de cualquier índole.
"En primer término destinadas a su explotación comercial", dice. Es decir que una producción destinada a otra cosa ¿no es amparable para un Estado democrático- delirante - irrepresentativo y de cachondeo capitalista? Sí, ya lo sabemos, no lo es.
Cambiemos el texto de la ley. Por ejemplo. Si la definición de película pasara a ser:
Definimos como película a toda obra audiovisual que provenga de y genere procesos sociales en su forma de producción y siempre que en dicho proceso se fortalezcan las redes sociales, políticas, culturales y emocionales de los lugares específicos donde se pongan en práctica estas experiencias de película.
Y (ya que estamos) podría decir: El estado apoyará preferentemente este tipo de obras colectivas nacidas de asociaciones e instituciones locales, grupos organizados para ese fin, escuelas, casas de cultura, etc. gestionadas por vecinos y vecinas de cada localidad que trabajen de forma horizontal con profesionales del cine y la creación audiovisual.
Otro apartado podría dejar una posibilidad de apoyo al Antiguo Cine Individualista, para que no desaparezca:
El texto podría decir El Estado apoyará solo en menor medida a aquellas creaciones que no generen en su producción procesos sociales y culturales como los mencionados y que solo busquen el comercio rentable y la mercantilización de las obras.
Podría, incluso, establecer un perfil de lo que es una obra de tipo individualista que solo busca beneficiarse del cine tratándolo como negocio para saber de qué estamos hablando.
Si esto fuera realidad y no ficción, quizá empezaríamos a ver a la gente interesada en la producción audiovisual imaginando proyectos colectivos para obtener los beneficios del apoyo que ofrece el Estado español. Quizá, veríamos a profesionales del “sector” imaginando maneras de trabajar en conexión con grupos de personas, instituciones, asociaciones... diseñando laboratorios y talleres barriales permanentes para producir films que necesitarían siempre de grupos reales para su creación, etc.
¡Sí, claro! Muchos exclamarían: ¡Que el capital nos ampare y la virgen de las hipotecas nos proteja! Pero bueno, no se puede contentar a todo el mundo.
Pero es cierto que no le podemos pedir a un partido socialista que haga estas cosas. Sería absurdo, claro. Al PP tampoco, obviamente. Y al resto de los chiringuitos políticos menos. Así que no nos queda más remedio, a los que buscamos que el Cine genere procesos políticos, redes sociales, vínculos emocionales diferentes, rentabilidad de distribución colectiva y otros etcéteras, que hacerlo fuera del texto de la Ley y del amparo de nuestro glorioso Estado español.
No, si al final terminaremos como el chico de Salvaje Inocencia, de Philipe Garrel, que acabó haciendo su película contra la droga con dinero negro del narcotráfico internacional.
En fin, de todas maneras seguiremos con nuestras pequeñas cámaras haciendo nuestras películas y contribuyendo discretísimamente a que este sistema en descomposición reviente de una vez.
Por ahí seguiremos.
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