Hemos hablado aquí de un Nuevo Cine Popular sobre el que estamos trabajando y formulando. Pero ¿cuál sería la infraestructura que necesitaría un modelo de cine como éste?
Conocemos más o menos, porque la historia del cine contada siempre se refiere a ella como al Cine sin más, lo que supone la industria cinematográfica en su modelo hegemónico. Luego, la mayoría de las cinematografías nacionales han desarrollado o intentan desarrollar las propias bajo esos parámetros.
En España se sigue intentando afirmar y legislar justamente una industria del cine.
Sería bueno aclarar que la industria del cine, es exactamente la industria de la minoría de poder del cine. Unos cuantos centenares de personas, posiblemente, (productores, distribuidores, directores, personal técnico, etc) que proponen y buscan financiar un modelo empresarial de gestión para la producción audiovisual dirigida a la población en general.
Hacia los años 90 se estimaba, según Joël Augros (El dinero de Hollywood), que había unas 380.000 personas empleadas en esa industria, cerca de trescientas agencias y alrededor de trescientas empresas censadas de las cuales siete, las majors companies ( Walt Disney, Columbia, Metro Goldwyn Mayer, Paramount, Twentieth Century Fox, Warner Bros. y Universal) ejercían un auténtico control sobre la economía del cine norteamericano. Una media de cuarenta equipos por día rodando sus películas.
Una verdadera cinépolis de colonizadores y negociantes de lo audiovisual. Una minoría imperialista comparada con la población mundial.
Las industrias de cine en su nivel nacional, no es otra cosa que la pequeña red empresarial que tiene el oligopolio de la producción audiovisual en los medios masivos.
Es decir que cuando se habla de la industria cinematográfica estamos hablando de legislar y crearles las condiciones a un puñado de empresas productoras, unas pocas cabezas que con sus equipos acapararán el capital de dinero disponible para hacer sus proyectos. Aquí en España, entre 1996 y 2004, por ejemplo, 15 empresas participaron en la producción de la mayor parte de la producción, 507 de los principales títulos: Sogetel con 83 films (Sogecable, Sogetel, Plural y Produce+); Tornasol (Gerardo Herrero) con 69, Andrés Vicente Gómez con 47 (Lolafilms, Iberoamericana y Rocabruno); Julio Fernández con 44 (Sogedasa y Castelao) son las tres que encabezan la lista a las que siguen E. Cerezo, E. Campoy, J.M. Morales, Alta Films, Grupo Z, M. Cantero, Tele 5, Elías Querejeta, C. Benítez, El Deseo (Almodovar) y Alquimia.
A estos se les deben sumar otras empresas de producción para armar el rompecabezas total. De esta manera obtendríamos un grupo de directivos que conforman una red no muy grande de empresarios, productores y profesionales que son los que crean, a la larga, nuestro imaginario cinematográfico.
Cuando hablamos de industria entonces, estamos hablando de nombres y apellidos concretos con sus diversos equipos de trabajo cuya función cultural parecería ser que se encargan de nutrirnos de películas, es decir, de sus películas. No lo haremos aquí, pero tenemos ganas de saciar la curiosidad de saber cuánto es el capital que mueve esa “industria del cine”, a quién y cómo le dan ese dinero y sobre todo del dinero público.
Nada que objetar, de todas maneras, si no fuera porque nosotros estamos imaginando un Nuevo Cine Popular al que creemos que le correspondería una Industria Cinematográfica Popular.
La primera objeción es que el volumen mayor de dinero va a parar constantemente a unas decenas de cabezas que controlan los mecanismos de recaudación pública y privada para sus películas según la estructuración de la producción del Viejo Cine.
El asunto no es tanto acusar a un grupo de negociantes que hacen sus maniobras financieras creando películas.
El tema es que se fulminen ese dinero público para hacer sus negocios y que éste sea gestionado con las mismas variables mercantiles que se gestiona el privado y alimenten así la barriga de estos pequeños grupos de negociantes que nos crean el imaginario social, la fantasía social, la imaginación colectiva.
Cuando planteamos la ¡oh, alocada! y posible existencia de una industria cinematográfica popular, estamos hablando de la legislación y la infraestructura que pudieran contribuir a crear una plataforma cinematográfica fuera de los mecanismos empresariales del negocio.
Imaginemos, ya que tenemos unos minutos, unas cosillas aunque aquí solo las mencionemos. Imaginemos un Plan Nacional de Cine Popular. Imaginemos que este plan constaría de Unidades de Producción y Acción Cinematográfica (UPAC) financiadas por los fondos públicos provenientes de las subvenciones que les podrían quitar a los grupitos de listos de la industria que siguen haciendo su negocio a través de crear películas para un público cualquiera. Imaginemos que estas UPAC se instalan en centros culturales, escuelas, institutos y asociaciones barriales de muchas localidades, aprovechando la infraestructura formal e informal organizada ya existente.
La gran inversión del gobierno para una infraestructura como ésta consistiría en financiar la dotación técnica del equipo inicial de las UPAC: una buena cámara, un buen equipo informático de edición, proyector y pantalla, más la contratación de los y las nuevas Cineastas del Cine Popular, que desarrollarían allí sus prácticas sinautorales. Es decir, que la función de las UPAC sería congregar a grupos pequeños de personas que quieran o acepten realizar una película propia y a partir de esa primera experiencia, continuar con una filmografía propia y constante siguiendo las prácticas e ideas de un tipo de Cine como el que proponemos. La función de los y las cineastas es desarrollar las tareas que hablábamos en el artículo anterior. Estas UPAC no impartirían directamente talleres de realización, guión, montaje, etc como el método antiguo de enseñanza del cine, si no que se convertirían en espacios sociales de creación de películas y de desarrollo de filmografía local y documentación audiovisual en video digital. Trabajos horizontales entre profesionales y personas cualquiera, colectivos sociales de todo tipo, etc.
Cuando hablamos de una Industria de Cine Popular, tal como nos parece que sería social, cultural y políticamente eficaz, hablamos de una infraestructura tecnológica liviana puesta al servicio de grupos locales, una financiación de personal de realización que practiquen procedimientos no mercantiles de producción y apoyo para las iniciativas organizativas que vayan prosperando.
Ya sabemos que ideas tan complejas de realizar no pueden expresarse en un simple folio. Pero a veces las ideas pueden simplificarse para por lo menos empezar a pensar algo diferente. Dos gestos que vemos imprescindibles: uno, crear una legislación que permita quitarle toda subvención pública a los que practican el viejo negocio del cine, que deberían conformarse con los flujos de dinero privado y dos, crear un Plan Nacional Estratégico para el desarrollo de un Nuevo Cine Popular cuyo objetivo principal es la producción de films locales desde cualquier tipo de organización social.
Un llamamiento serio del gobierno a la puesta en marcha de un Plan Nacional Cinematográfico de este tipo, creemos que provocaría realmente un interés progresivo por la creación de películas con otros procedimientos distintos a los mercantiles e imperialistas de la “industria del cine” de los caducados productores del Viejo Cine.
Claro, claro, cualquiera dirá que somos utópicos y delirantes. Si, si. Nosotros pensaríamos lo mismo si no fuera porque una idea así es realidad desde el año 1996 en Bolivia con un programa nacional que creara el CEFREC y para más contradicción, en parte financiado por la Agencia Española de Cooperación (que son fondos públicos del gobierno español, no?). Quizá parezca impensable para mentes políticamente cortas y cínicas pero para nosotros no.
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